La Dra. Diana Salazar, Fiscal General del Estado del Ecuador desde abril de 2019, culmina su período de seis años el 8 de abril de 2025. Su gestión ha sido una de las más visibles y polémicas en la historia reciente del país.
Los logros y avances destacados tenemos: Lucha contra la corrupción, lideró procesos judiciales emblemáticos, como el caso Sobornos 2012-2016, que culminó en la sentencia contra el expresidente Rafael Correa y otros altos funcionarios. Impulsó investigaciones en tramas de corrupción durante la pandemia de COVID-19, en hospitales públicos y compras con sobreprecios.
Dentro del fortalecimiento institucional de la Fiscalía, promovió una Fiscalía más autónoma, resistiendo presiones políticas y ataques de diversos sectores. Implementó mejoras en la investigación criminal y el uso de tecnología forense.
Determinó procesos contra el narcotráfico y el crimen organizado; en sus últimos años, enfrentó el auge del crimen organizado, colaborando con instituciones como la Policía y organismos internacionales en investigaciones complejas.
Dentro de los compromisos con la ética pública, se ha mantenido firme en su discurso sobre la independencia judicial, la lucha contra la impunidad y la responsabilidad ética del servidor público.
Ha mantenido cuestionamientos y desafíos, en lo concerniente a la percepción de selectividad en la justicia, varios críticos, han dicho lo contario por conseguir la impunidad del prófugo de la justicia.
A pesar de sus esfuerzos, la Fiscalía enfrentó falta de recursos, limitaciones logísticas y trabas dentro del sistema judicial. Amenazas y campañas de desprestigio.
durante su gestión, fue blanco de amenazas y desinformación, lo que puso en riesgo su seguridad personal, familiar y la de su equipo. Desde una perspectiva ciudadana y ética, la Dra. Diana Salazar se ha constituido en un símbolo de resistencia institucional frente a la corrupción y el autoritarismo. Su liderazgo ha sido clave para mantener una Fiscalía activa en momentos en que la democracia ecuatoriana ha estado en riesgo.
En contextos donde la democracia se debilita por la corrupción, el abuso de poder y el crimen organizado, el rol de los servidores públicos adquiere una dimensión ética profunda. La Dra. Diana Salazar, al frente de la Fiscalía General del Estado (2019–2025), ha encarnado ese compromiso con los principios fundamentales del Estado de derecho, la justicia y la responsabilidad ciudadana.
Durante su mandato, la fiscal Salazar impulsó casos emblemáticos como “Sobornos 2012-2016”, desde una perspectiva ética, su actuar se alineó con el principio de justicia como equidad: hacer valer la ley sin distinción de jerarquías ni colores políticos.
Este compromiso ético fortaleció la democracia porque demostró que nadie está por encima de la ley, y que la lucha contra la corrupción no es un eslogan, sino una obligación moral del Estado.
Su paso por la Fiscalía no resolvió todos los males del país, pero sentó un precedente valioso: el de una servidora pública que no se dobló ante el poder y que asumió su responsabilidad con convicción moral. Es una muestra de que la ética, cuando se ejerce con valentía, también es un acto de resistencia democrática.
