El Tribunal de Garantías Penales, con sede en Iñaquito (norte de la capital) negó “por improcedente” la acción de protección que interpuso la vicepresidenta, Verónica Abad, contra tres decretos firmados por el presidente Daniel Noboa.

Los tres jueces anunciaron esta resolución por unanimidad, tras la audiencia que se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito, y cuyas deliberaciones tomaron seis horas.

El Tribunal argumentó que “no se ha demostrado ni verificado la persistencia de un posible daño susceptible de reparación”, como señalaba Abad, pues “los actos administrativos” impugnados “han cesado”, por lo que la acción de protección “pierde eficacia”.

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Además, los jueces señalaron que “no advierten vulneración de los derechos constitucionales alegados” por Abad, tras los decretos con los que el presidente Daniel Noboa la envió a desempeñar funciones en las Embajadas de Ecuador en Israel y Turquía.

En lo relativo a la aplicación de la figura de la “fuerza mayor” invocada por Noboa para delegar la Presidencia a la secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert, el Tribunal consideró que es una “cuestión que se puede impugnar ante la jurisdicción contenciosa administrativa”. 

Tan pronto escuchó la resolución, la defensa de Abad anunció que apelará esta sentencia, mientras la vicepresidenta señaló en X que “la lucha continúa, para que una mujer que sea electa democráticamente, nunca pueda ser objeto de discriminación o degradación”.

Específicamente, Abad se oponía a los decretos 490 , 494 y 500. Con estos documentos, entre otras cosas, el presidente Daniel Noboa encargó la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert y envió a la vicepresidenta Abad a cumplir funciones de orden comercial en Turquía.

La diligencia fue convocada para las 10:30 de este miércoles. Abad llegó cerca de las 10:15 en medio de un fuerte dispositivo de seguridad de policías y militares.

Los argumentos de Abad

Aunque el abogado de la vicepresidenta Abad, Damián Armijos, empezó cuestionando todos los decretos relacionados con las funciones que se han asignado a la vicepresidenta, incluidos los que se emitieron para enviarla como diplomática a Israel, en diciembre de 2024, se centró en los Decretos Ejecutivos No. 494 y 500 firmados por el presidente Noboa.

Armijos aseguró que con los decretos se habrían vulnerado dos derechos: la seguridad jurídica de la vicepresidenta Abad y su dignidad humana al haber ejercido en su contra trato discriminatorio.

Si bien la defensa de Abad no desconoce la potestad del presidente Noboa para darle funciones, cuestionan las que le han sido asignadas. Primero como embajadora en Israel y, con el decreto 494, como consejera económica de la Embajada de Ecuador en Turquía.

Armijos dijo que de esa forma se habría degradado el principio de jerarquía, porque la vicepresidenta, electa en las urnas, habría quedó como subalterna del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el primer caso, y ahora, del Embajador en Turquía.

El abogado señaló que, si no se hace nada ahora, quedará un mal precedente sobre las funciones que el presidente puede otorgar al vicepresidente y estas podrían ser, en cualquier momento, de “barrendera de Carondelet”.

El abogado de Abad aseguró que la vicepresidenta quiere y deberá cumplir con la disposición de viajar a Turquía, pero aseguró que no lo ha podido hacer, porque no se le ha permitido recuperar su despacho en la Vicepresidencia y coordinar económica y logísticamente su traslado a ese país

Defensa de Daniel Noboa

Por su parte, Mercedes Mediavilla, abogada asignada por el presidente Noboa, aseguró que todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Abad, son los mismos que ya se expusieron en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una denuncia de violencia política que ya fue rechazada, por lo tanto “es cosa juzgada”.

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