Machala.- Este jueves 23 de enero se cumplió el plazo para el teletrabajo de los servidores judiciales de las unidades de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, por lo que a partir de este 24 de enero, la entidad debe volver al trabajo presencial en los tres edificios arrendados para tal efecto por el Consejo de la Judicatura (CJ).
Sin embargo, hasta este jueves 23 de enero, los edificios alquilados continuaban desocupados y aunque en los mismos hay algunos muebles y enseres de la Corte, el Consejo de la Judicatura, no ha informado oficialmente a los servidores acerca de ocupar estos inmuebles.
Según versiones de profesionales del derecho, dieron a conocer a Diario Opinión que, todavía no volverán al teletrabajo, debido a que extraoficialmente conocieron que desde el Consejo de la Judicatura de El Oro se ha solicitado a la planta central, en Quito, se conceda un nuevo lapso para continuar en teletrabajo, debido a que las conexiones eléctricas y de internet no están listas, sin las cuales las actividades en los tres edificios rentados no pueden ejecutarse.
Lo cierto es que esta medida ha causado malestar en los profesionales del dere3cho y los usuarios, debido a que los trámites están represados y tardan mucho los procesos, por lo que exigen que vuelvan a laborar presencialmente, señalan.
La Corte Provincial de Justicia de El Oro está en teletrabajo, desde 18 de marzo de 2023, por lo que ya es un año y 10 meses en esta modalidad y los usuarios y abogados en libre ejercicio exigen agilidad en los servicios y que regresen al teletrabajo.
Los abogados orenses, representados por sus dirigentes se había reunido con el presidente de la Corte Provincial de Justicia, la tarde del 17 de enero, exigiéndole una solución concreta, puesto que la actividad telemática retrasa los procesos, lo cual significa atrasos en el trabajo de los profesionales del derecho y el reclamo de los usuarios.
Ha transcurrido un año, 10 meses y cinco días, contados hasta el 23 de enero de 2025 y la Corte de Justicia de El Oro continúa sin poder utilizar el edificio principal por no tener un estudio técnico que avale su ocupación ni tampoco los inmuebles arrendados por problemas técnicos en las conexiones.
