Muchos son los estratos de una sociedad donde sus instituciones han vivido en crisis y envueltos en polémicas, definido por un común estilo de vida o análoga función social. 

Podemos citar varias instituciones como el Consejo de la Judicatura, que, desde el 29 de enero de 2025, los vocales (CJ) están prorrogados en sus funciones. Igual sucede con una gran cantidad de juezas y jueces, Notarios, Registro de la Propiedad en los GAD municipales, cuya designación de sus reemplazos no avanza. En Participación Ciudadana (CPCCS) también existen polémicas. Todas estas instituciones han dado el mal ejemplo de la crisis administrativa y envueltos en polémicas constantes. Todo esto se debe, por la falta de una verdadera carrera judicial y administrativa en las respectivas instituciones del Estado.

El 29 de enero de 2025 se cumplió el período de seis años para el que fueron nombrados los vocales del actual Consejo de la Judicatura (CJ). Sin embargo, todavía no están designados los nuevos integrantes de la institución. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha podido avanzar en ese proceso. Este poder del Estado también está envuelto en polémicas y sigue viviendo en incertidumbre a ser destituido por la Fiscalía General del Estado y la Corte Constitucional.

 Según la Constitución, la Judicatura se conforma con cinco vocales que son nominados por la Corte Nacional de Justicia, la presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la FGE y la Defensoría Pública. Cada entidad debe enviar una terna de candidatos y Participación Ciudadana designa al mejor de cada una.

Desde el 16 de diciembre de 2024, el CPCCS empezó ese proceso de renovación solicitando las ternas a estas entidades. Sin embargo, un poco más de un mes después y terminado el período de la Judicatura actual, no se han podido recolectar todas las postulaciones.

Contrarreloj y en medio de las elecciones, la Justicia ecuatoriana debe renovarse en 2025.

La Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública enviaron sus ternas al CPCCS dentro del plazo establecido, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, la terna en el caso de la Corte ha presentado problema y la Presidencia de Daniel Noboa no ha enviado sus candidatos.

En la Corte, el primer problema fue interno. Según el Código de la Función Judicial, es potestad del presidente de la CNJ, en este caso José Suing, enviar la terna. Sin embargo, el funcionario optó porque los postulantes salgan de un consenso con el resto de jueces.

Esto generó disputas en las que, incluso, se llegó a proponer la salida de Suing de la Presidencia. Pero, luego de negociaciones internas, finalmente, el 17 de enero de 2025 se aprobó la terna de la Corte, de la que tendrá que salir el nuevo presidente de la Judicatura.

Pero ahí no terminaron los problemas con esa terna. El 22 de enero, el CPCCS con su nueva mayoría correísta decidió devolver la lista por haber incurrido en una violación al reglamento del proceso, ya que no se habría adjuntado las hojas de vida de los postulantes…

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