El teatro político ha jugado un papel más importante del que se le ha reconocido y evidenciado en el Ecuador, y específicamente en la vida política del país con el CPCCS que nació con el objetivo de la obediencia.
El poder del Estado ecuatoriano es la estructura política de la República, se encuentra dividido en cinco funciones (poderes) entre los que se encuentran: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Función Electoral y Control de Transparencia social.
Cuatro miembros del CPCCS han hecho tabla raza interpretando a su antojo una sentencia de la Corte Constitucional con la cual la han desconocido e imponen a la brava la designación del Superintendencia de Bancos. Las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán el carácter de definitivos e inapelables. (Art. 440 CRE).
De lo actuado por el CPCCS ha dejado en claro que su proceder de arrogarse facultades fuera de la Constitución ha evidenciado que operan con hilos políticos. La Corte Constitucional en sus atribuciones constantes del Art. 436, en su numeral 9, dice: “Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales”. Lo que significaría, que la “muerte” del CPCCS estaría como aquella espada que camina a la desaparición por haber obedecido a su gran “creador” de este “poder” que no es otra cosa que la trampa de la oposición política que pensaba seguir jodiendo al país.
Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) puede recibir sanciones por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional.
En octubre de 2023, la Corte Constitucional destituyó a Alembert Vera Rivera, presidente del CPCCS, y a Ismael Merizalde Núñez, coordinador general de asesoría jurídica del CPCCS. Esto se debió a que el CPCCS incumplió el dictamen 2-19-IC/19.
La Corte Constitucional también ordenó que el CPCCS dejara sin efecto las actuaciones que incumplieron el dictamen.
Apreciados lectores, la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales es un mecanismo que obliga a la administración de justicia a resolver un problema jurídico. Como efectivamente así ha sucedido. Hoy la fiscalía General del Estado y la Corte Constitucional los tienen al CPCCS con las botas en el pescuezo.
Por lo expuesto, ningún gobierno democrático va a permitir que la institucionalidad del país se la pise. Es por ello, que la fiscalía ha iniciado las investigaciones del caso por violación a una sentencia constitucional … Motivo por el cual, esta aberración al poder a empujado a su eliminación del ordenamiento jurídico constitucional mediante una nueva Constituyente. Es lo que el país pide a gritos tener una nueva Constitución con los tres poderes tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ahora bien, en la concepción de las garantías jurisdiccionales, como la acción de incumplimiento de sentencias y la acción por incumplimiento, cuyo análisis guía la presente investigación. Se trata de una garantía jurisdiccional que busca “garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos.