En los últimos meses y años, nuestro país esta experimentado un alarmante incremento en los secuestros, problemática que afecta no solo a sectores específicos, sino a la sociedad en su conjunto. Ciudades como Guayaquil, Quito, Manta y Machala han sido testigos del auge de estos delitos, lo que ha generado un clima de miedo e inseguridad generalizada. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por contener la crisis mediante operativos militares y estados de excepción, los resultados han sido insuficientes.
En Ecuador, el secuestro ha evolucionado en distintas modalidades que reflejan la crisis de seguridad que enfrenta el país. El secuestro exprés consiste en la retención de la víctima durante un corto período de tiempo con el objetivo de obligarla a retirar dinero de su cuenta bancaria o realizar pagos a través de transferencias electrónicas. Por otro lado, el secuestro extorsivo se caracteriza por la privación de libertad de la víctima durante días o incluso semanas, mientras los delincuentes exigen rescates millonarios a sus familias. Finalmente, el secuestro con fines de sicariato o represalias ha ido en aumento dentro del crimen organizado, donde las víctimas son utilizadas como instrumentos de presión contra bandas rivales o para imponer “castigos”. Lo preocupante es que estas prácticas han dejado de ser exclusivas de grupos criminales organizados y han comenzado a ser adoptadas por delincuentes comunes, lo que ha generado un clima de terror generalizado y ha profundizado la sensación de inseguridad en la sociedad ecuatoriana.
Ante el crecimiento de la criminalidad, el Estado ecuatoriano ha optado por medidas reactivas como la militarización de ciudades y la declaración de estados de excepción. Si bien estas estrategias pueden generar efectos inmediatos en la reducción de ciertos delitos, su impacto es efímero. La falta de una política pública estructurada y de largo plazo ha permitido que los secuestros sigan ocurriendo con regularidad.
Para combatir eficazmente el problema de los secuestros en Ecuador, es fundamental que el Estado implemente políticas públicas basadas en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, la reforma y fortalecimiento del sistema judicial es imperativa para endurecer las penas por secuestro y garantizar procesos judiciales expeditos, además de depurar jueces y fiscales para erradicar la corrupción dentro del sistema de justicia. En segundo lugar, la modernización de la Policía Nacional es importante, ya que la falta de recursos y capacitación impide una respuesta efectiva ante la ola de secuestros; por ello, es necesario invertir en tecnología, inteligencia policial y entrenamiento especializado en técnicas de rescate y negociación. Un tercer pilar es la coordinación entre el Gobierno central, gobiernos locales y organismos internacionales, pues la lucha contra el crimen organizado no puede ser tratada exclusivamente desde el nivel central, sino que requiere la articulación con municipios y prefecturas para diseñar estrategias de prevención y asistencia a víctimas, además de fortalecer la cooperación con organismos internacionales para desmantelar redes delictivas transnacionales. Es esencial implementar programas de prevención del delito y reinserción social, ya que la inseguridad no se combate solo con represión, sino también con oportunidades; por ello, el Estado debe invertir en educación, empleo juvenil y programas de rehabilitación para evitar que más personas caigan en redes criminales.
