Su destino era Estados Unidos, pero muchos se encuentran ahora en un limbo.
En torno a medio millar de migrantes, principalmente procedentes de países asiáticos, están siendo deportados por el gobierno de Donald Trump hacia Panamá y Costa Rica desde donde -se espera- los trasladen a un nuevo destino.
Durante la última semana llegaron a Panamá deportados desde Estados Unidos unos 300 migrantes de distintas nacionalidades, especialmente de países asiáticos como India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka, entre otros.
Se espera que este jueves empiecen a llegar a Costa Rica los primeros deportados por EE.UU.
En una declaración divulgada por la oficina del presidente costarricense, Rodrigo Chaves, se informó que ese país “colaborará” con EE.UU. en la repatriación de unos 200 migrantes.
El texto destaca que se trata de personas originarias de países de Asia Central y de India.
Tanto Panamá como Costa Rica han asegurado que estas operaciones son financiadas por Estados Unidos y que se llevan a cabo bajo la supervisión de la Organización Internacional de Migraciones, un organismo que forma parte del Sistema de Naciones Unidas.
El gobierno de Costa Rica aseguró que ese país servirá de “puente” para que esos migrantes lleguen a sus países de origen.
Sin embargo, la experiencia de los primeros deportados llegados a Panamá parece indicar que se trata de un proceso complejo que plantea fuertes desafíos para los países latinoamericanos.
Estos se enfrentan no solamente con las dificultades operativas para hospedar y trasladar a estas personas, sino además con la legalidad misma del proceso e, incluso, con la conveniencia de que estos migrantes sean devueltos a sus países de origen.
Pero ¿qué implica que Panamá y Costa Rica hayan aceptado recibir a estos deportados?
El traslado de la responsabilidad
Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, explica que al enviar a estas personas a otros países que los recibieron, Estados Unidos se libró de su responsabilidad hacia los deportados.
“Una vez que te llevas a esas personas fuera, las leyes, la Constitución y las regulaciones estadounidenses ya no aplican. Si esas personas tenían algún derecho bajo la ley estadounidense, al llegar a Panamá eso desaparece”, dice Chishti en conversación con BBC Mundo.
El experto cree que probablemente una de las principales motivaciones de Washington para deportar hacia Centroamérica a estas personas es que muchas proceden de los llamados países “recalcitrantes”, que son aquellos que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de EE.UU., por lo que hace falta realizar constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos.
“Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto. Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo”, apunta.
Juan Navarrete, abogado especializado en derechos humanos que trabaja en el tema migratorio con Amnistía Internacional, considera que probablemente muchas de estas personas requieren de protección internacional, pues en muchos casos proceden de países que viven conflictos armados internos o internacionales, o bajo gobiernos autoritarios que no respetan los derechos humanos.
“Son personas que salieron de sus países por necesidad de protección internacional. Entonces, ya eso las coloca en una condición de vulnerabilidad y de revictimización”, le dice el experto a BBC Mundo.
Agrega que en muchos casos un eventual regreso a sus países de origen puede exponerlas a ser sometidos a privación de la libertad o a torturas o incluso tratos crueles, inhumanos o denigrantes.
Inicialmente, los 299 deportados que fueron enviados a Panamá recibieron alojamiento en un hotel de la capital de ese país que era custodiado por guardias armados que les impedían salir.
A través de las paredes de cristal, varios de ellos escribieron o mostraron mensajes solicitando ayuda.
Pese a estas estrictas medidas, que según el gobierno de Panamá solo buscaban proteger a los migrantes, este miércoles se informó sobre la supuesta evasión de una deportada originaria de China.
El Servicio Nacional de Migración emitió un comunicado solicitando ayuda para que esta mujer sea entregada a las autoridades y advirtió que quienes la hayan ayudado a salir del hotel podrían incurrir en delitos como tráfico de personas. Horas más tarde se informó que la mujer ya había sido localizada.
