Sin temor a equivocarme, puedo sostener, que nuestras leyes, han sido laboradas y aprobadas por gente, ignorante y corrupta: ignorante, por desconocer de legislación; corrupta, por legislar absurdos contrarios a la moral y las buenas costumbres.
El sentenciado por tres ocasiones, Walter Solís, no se lo puede extraditar, porque las leyes mejicanas, lo consideran “refugiado” y merece la protección que la ley le otorga en ese País.
México se ha convertido en un destino recurrente para exfuncionarios ecuatorianos sentenciados por corrupción. Walter Solís, exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Rafael Correa, se suma a un grupo de al menos ocho exfuncionarios vinculados a esa administración que ahora residen en territorio mexicano.
Soledad Buen Día, Viviana Bonilla, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Carlos Viteri, y ahora Walter Solís.
La Cartera de Relaciones Exteriores de México, sostiene: «Walter Hipólito Solís Valarezo cuenta con la condición de refugiado en nuestro país, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y recibirá, por tanto, la protección que la Ley le otorga».
CASO SOBORNOS.
La primera condena que ha recibido Solís fue por el caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho.
CASO SENAGUA
El segundo proceso pendiente de Solís es por el caso Senagua, por el que fue sentenciado a ocho años de cárcel en enero de 2021, su segunda pena por corrupción.
Fue hallado culpable por el delito de peculado, pero no ha cumplido su pena porque todo este tiempo ha estado en México.
Según la acusación de la Fiscalía, el proceso se refiere a un abuso de fondos públicos, cuando entre 2012 y 2013, Solís dirigía Senagua. En su administración se dispuso el pago de USD 8,1 millones como honorarios a terceros en un contrato que presentaba irregularidades.
CASO RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ
Finalmente, el último proceso en contra de Solís es el caso Reconstrucción de Manabí, en el que se investiga un presunto peculado, cometido en el contexto del terremoto de abril de 2016.
Además de Glas y otros funcionarios, el juez dictó prisión preventiva contra Solís, y se dispuso que se oficie a la Interpol para su ubicación y captura internacional.
También se pidió en aquel entonces que la presidencia de la Corte Nacional inicie el proceso de extradición desde México, lugar donde se encuentra en calidad de “refugiado”.
En esta causa, la indagación de la Fiscalía determinó que varias de las obras en Manabí no tenían relación con el objetivo de la Ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto. Además, se presume que esto implicó un abuso de fondos públicos en beneficio de terceros.
