En los últimos años, el auge de las motos eléctricas y los scooters ha revolucionado el transporte urbano en Ecuador. Estos vehículos representan una alternativa económica, ecológica y ágil frente al caos vehicular y los altos costos de transporte. Sin embargo, su crecimiento acelerado también ha traído desafíos, especialmente en términos de seguridad y regulación.
Recientemente, se ha planteado la implementación de una normativa específica para regular el uso de motos eléctricas y scooters. Uno de los puntos más destacados es la obligatoriedad del uso de casco para garantizar la seguridad de los usuarios. Esta medida resulta lógica y necesaria, considerando el incremento de accidentes de tránsito que involucran a estos vehículos. El casco no solo protege a los usuarios de lesiones graves, sino que también eleva la percepción de seriedad y responsabilidad en el uso de estos medios de transporte.
No obstante, surge un debate sobre la posible exigencia de un documento habilitante, como una licencia específica o algún tipo de registro. Aunque el control y la organización son importantes, esta medida podría ser percibida como un obstáculo innecesario para quienes optan por este transporte sostenible. Los scooters y motos eléctricas, en su mayoría, son vehículos de baja velocidad y alcance limitado, lo que los coloca en una categoría distinta de las motocicletas convencionales. Imponer trámites adicionales podría desalentar su adopción, especialmente entre jóvenes y personas de bajos recursos que buscan alternativas económicas y responsables con el medio ambiente.
Por otro lado, la regulación también podría ser una oportunidad para ordenar el uso de estos vehículos en espacios públicos, evitando que circulen por aceras o zonas peatonales, lo que ha generado conflictos en algunas ciudades. Asimismo, un registro voluntario podría ayudar a las autoridades a identificar a los propietarios en caso de robos o incidentes.
En este contexto, es importante que cualquier normativa tenga un enfoque equilibrado, promoviendo tanto la seguridad como la accesibilidad. En lugar de imponer barreras que podrían restringir su uso, se debería priorizar la educación vial, campañas de concienciación y la creación de infraestructura adecuada, como ciclovías y estaciones de carga. Ecuador tiene la oportunidad de posicionarse como un referente en movilidad sostenible si logra regular sin sofocar la innovación y la libertad de transporte.
El reto está en diseñar una normativa inclusiva y adaptada a la realidad del país, donde las medidas no sean percibidas como una carga burocrática, sino como un impulso hacia un transporte más seguro y sostenible. El casco es un paso innegociable hacia la seguridad, pero exigir documentos habilitantes podría ser excesivo, dependiendo del tipo de vehículo. Regulación sí, pero con enfoque en los beneficios colectivos y en la promoción de alternativas responsables y accesibles para todos los ecuatorianos.
