El debate sobre la presencia de bases militares extranjeras en países latinoamericanos, incluido nuestro país, es complejo y está cargado de implicaciones políticas, sociales y soberanas. Para entender si son necesarias en el contexto ecuatoriano, es fundamental revisar las razones que suelen justificar su instalación, lo que buscan estas bases y los riesgos y beneficios que pueden conllevar más allá del discurso de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Uno de los principales argumentos a favor de la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que en los últimos años ha afectado gravemente al país. Ecuador, geográficamente situado entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína en el mundo, ha sido utilizado como un punto de tránsito clave por los cárteles internacionales. La presión sobre las autoridades locales ha llevado a buscar soluciones para combatir esta amenaza, y aquí es donde la cooperación con potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos, se presenta como una opción atractiva.
Sin embargo, la experiencia regional muestra que la instalación de bases militares extranjeras no siempre ha conducido a una solución efectiva y duradera al problema del narcotráfico. En países como Colombia, donde Estados Unidos ha tenido una influencia militar significativa a través del Plan Colombia, el narcotráfico sigue siendo una realidad, aunque ha mutado en sus formas y estructuras. Esto plantea la pregunta: ¿Son las bases extranjeras realmente una solución al narcotráfico o solo una herramienta temporal que no aborda las causas profundas del problema, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción?
Uno de los puntos más sensibles sobre la presencia de bases militares extranjeras es el impacto sobre la soberanía nacional. En el caso de Ecuador, la memoria de la base militar de Manta, que estuvo en operación hasta 2009 bajo un acuerdo con Estados Unidos, sigue siendo motivo de debate. Si bien la base fue presentada como un esfuerzo conjunto para combatir el narcotráfico, la percepción general fue que se trataba de una injerencia extranjera en el territorio ecuatoriano, que comprometía la capacidad del país de tomar decisiones soberanas en materia de seguridad.
Tener una base militar extranjera implica ceder, al menos en parte, el control sobre decisiones estratégicas y operativas que afectan directamente la seguridad interna. Si Ecuador permite el retorno o la instalación de nuevas bases extranjeras, corre el riesgo de ser percibido no solo como un aliado en la lucha contra el narcotráfico, sino también como un país dependiente de potencias extranjeras para garantizar su estabilidad. Esto podría repercutir negativamente en su imagen a nivel regional y global, deteriorando su capacidad de tomar decisiones independientes en temas clave de política exterior y defensa.
Cuando se habla de bases militares extranjeras, no se puede ignorar el componente geopolítico. Ecuador, con su ubicación estratégica en la costa del Pacífico y su proximidad al Canal de Panamá, es de gran interés para potencias como Estados Unidos, que ven en este territorio un punto clave para la vigilancia y el control regional. Las bases militares no solo se utilizan para combatir amenazas locales, sino también para proyectar poder en una región más amplia.
La construcción de una política de defensa soberana es clave para la estabilidad a largo plazo de cualquier nación. Delegar esta responsabilidad en actores externos puede generar una dependencia que, en tiempos de crisis o cambios políticos globales, deje a Ecuador en una situación vulnerable.
