Hablemos de suspensión

Una vez más Ecuador ha sido el centro de una controversia política, en esta ocasión la polémica gira en torno a la vicepresidenta Verónica Abad. En este escenario en donde Abad acusa al gobierno de Daniel Noboa de “dictador”, se refleja una fuerte tensión en la estructura política y a su vez la injerencia del ejecutivo en el ejercicio de otras funciones del Estado, lo que podría estar debilitando la institucionalidad democrática. En este contexto, la dinámica de poder en el Ecuador y el rol de la vicepresidencia se contraponen paso a paso. Sobre los hechos, hemos sido testigos de cómo el gobierno desestima con facilidad a la oposición política, asume posturas críticas y limita los mecanismos de participación ciudadana. Primero develemos la naturaleza de la figura política de la vicepresidencia, según la Constitución, aunque se encuentre bajo la sombra del poder presidencial, a menudo es importante para la eficiente gestión pública, clarísimo. Hay que ser coherentes y el distanciamiento entre Noboa y Abad era evidente desde las elecciones presidenciales pasadas, tanto así que al llegar al poder la apartó de la administración pública del país con una designación poco común, según para promover la paz en otros territorios. Ahora bien, llegando al presente, la Resolución del Ministerio del Trabajo detalla la suspensión de Abad a través de un sumario administrativo, por incumplimiento de órdenes de traslado temporal a Turquía, situación que ha generado “abandono injustificado” de sus funciones, esto es inconstitucional. Desde otro punto de vista, si bien los actos administrativos y resoluciones presumen de legalidad y ejecutoriedad, esta decisión de suspenderla no tiene sustento jurídico en absoluto. En este contexto, Ecuador se enfrenta a retrocesos en materia de derechos humanos, hablar de “dictadura” enciende las alertas sobre los eminentes riesgos y consecuencias de concentrar el poder para restringir libertades individuales, bajo el concepto de estabilidad política. Es vergonzoso y preocupante la ligereza con la que el gobierno toma decisiones, que al parecer buscan el consenso de intereses particulares. Basta con recordar la constante lucha contra la corrupción que tenemos en estos momentos, como para sumar otra crisis política fragmentando aún más nuestra estabilidad. Este suceso representa una oportunidad para reflexionar sobre las soluciones y caminos para mitigar las consecuencias de esta división política, la historia nos ha demostrado que la confrontación y la lucha por el poder genera desgaste económico y desconfianza en las instituciones públicas.