La provincia de Esmeraldas enfrenta una cruda realidad: como si no hubiera sido suficiente con las inundaciones, el derrame de petróleo ha exacerbado la situación, obligando a suspender el servicio de agua y provocando daños irreversibles que tardarán años en mitigarse. Las imágenes del desastre son desoladoras una gran mancha negra consume el caudal del río, impregnándose en cada rincón del torrente y poniendo en riesgo la vida de los habitantes. Los fuertes olores a gas y diésel, propios del crudo, emanan componentes tóxicos que agravan la situación, reportándose hasta el momento problemas respiratorios, laceraciones en la piel y afectaciones estomacales en la población a causa de este desastre ambiental.
Todo empieza el pasado 13 de marzo tras la rotura de una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en el sector El Vergel, parroquia Cube, cantón Quinindé. Automáticamente, el petróleo se fue extendiendo, afectando a más de 15 mil personas que por el momento no pueden acceder a un recurso tan indispensable como lo es el agua, sin mencionar la amenaza que representa para la fauna y flora del lugar que pone en riesgo la vida de más de 250 especies únicas y seis tipos de manglares que alberga el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas. La situación es especialmente crítica en las comunidades afroecuatorianas, donde el 51% de la población vive en situación de pobreza según el INEC, e históricamente han sido marginadas y excluidas como si sus necesidades no fueran prioridad. Se trata de injusticia social, ambiental y económica donde los responsables no reciben sanciones por los daños ocasionados y, al igual que en la Amazonía, solo se explotan los recursos y a cambio se recibe la peor contaminación de nuestro patrimonio natural.
Es importante destacar que este no es el primer derrame de petróleo en Esmeraldas. En 1998 ocurrió uno de los incendios más graves de su historia produciendo más de 40 muertes, 18 afectados con quemaduras de tercer grado y más de 100 heridos en el sector donde se quemaron alrededor de 1.800 casas, época en la que ni siquiera los bomberos contaban con todo el equipo necesario para apagar el fuego, una catástrofe que dejo precedentes suficientes para tomar acciones preventivas y las regulaciones necesarias, sin embargo, de esto poco o nada se comenta.
Si revisamos la historia, el 7 de abril de 2020 se derramaron 15.800 barriles de petróleo en un solo día en los ríos Napo y Coca, el equivalente aproximado a una piscina olímpica. Esta tragedia se dio al inicio de la pandemia y en plena declaratoria de emergencia sanitaria por Covid-19, cuando la gente más necesitaba asegurar su acceso al agua. Lo mismo ocurrió el 28 de enero de 2022, cuando se derramaron 6.300 barriles en San Rafael, cerca del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe-Coca. Las primeras alertas y denuncias públicas provinieron de comerciantes hoteleros de la zona y no de las entidades ambientales, como si todo se resumiera a minimizar los problemas. Es irónico que estas tragedias sigan ocurriendo y el Ministerio de Energía y Minas o la gerencia de Petroecuador no proporcionen la información detallada del volumen de barriles de petróleo derramados. Entonces, ¿cómo exigir justicia en los tribunales ante el impacto de estos crímenes ambientales?
En estos momentos, no debemos cansarnos de alzar la voz y provocar presión mediática para que las ayudas humanitarias lleguen a las familias esmeraldeñas, rechazando la postura de cualquier autoridad que pretenda deslindarse de sus responsabilidades o ¿qué sentido tiene el puesto de poder que ocupa?
La indiferencia solo ha prolongado la violencia en Esmeraldas, donde no existe buen vivir, solo el abuso corporativo que ahora ha teñido de negro el agua de los ríos, arrebatando la vida a cualquier especie basta con ver las condiciones azoicas del río Caple y Viche. Se necesitan políticas públicas claras de prevención y gestión de riesgos, planes y programas reales que impulsen el desarrollo económico integral, la implementación de sistemas de captación de agua que no estén expuestos a ser contaminados por hidrocarburos. Las medidas correspondientes son varias; la gran pregunta es: ¿Hasta cuándo se podrá soportar la negligencia estatal?
