El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, fue detenido en Colombia tras varios meses de estar prófugo. La justicia ecuatoriana había emitido una orden de captura en su contra por su presunta participación en un caso de peculado.
En abril de 2024, Fiscalía formuló cargos a Narváez por presunto peculado en la contratación pública para la conducción de agua potable desde la parroquia Chobo (en Milagro) hasta Durán. En este contrato se habría ocasionado un perjuicio al Estado superior a los 40 millones de dólares.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Francisco Morales Garcés, acogió el pedido y dictó prisión preventiva para el exalcalde de Durán, disponiendo a la Policía Nacional su localización y captura.
También dispuso la inmovilización o congelamiento de cuentas bancarias del ahora procesado y la prohibición temporal de transferir o enajenar sus bienes.
Así fue la captura de Narváez
Este miércoles 8 de enero se conoció que la Dirección Nacional de Control Migratorio del Ecuador recibió una alerta sobre Narváez y su detención en Bogotá.
De manera preliminar, también se ha indicado que el exalcalde pretendía salir del territorio colombiano con rumbo a Perú.
Según el parte policial, “se realizan las coordinaciones pertinentes con Migración Colombia para impedir que continúe su viaje y proceder a su expulsión hacia el Ecuador”.
Narváez, quien fue alcalde de Durán en tres periodos (2008-2009, 2009-2014 y 2019-2023), se encuentra a la espera de que las autoridades colombianas resuelvan su situación migratoria y se complete el proceso de expulsión.
Este miércoles continuaban los trámites necesarios para su retorno a suelo ecuatoriano.
Peculado en Durán
Según Fiscalía, el presunto perjuicio al Estado proviene del contrato para el “Mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán”, firmado el 30 de diciembre de 2014 y adjudicado a la empresa ESEICO S. A., por un monto de 23’780.357,65 dólares.
Los fondos para el proyecto provinieron de un convenio de préstamo y fideicomiso entre el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y el GAD de Durán, con un financiamiento que cubría el total del contrato. Sin embargo, el monto invertido y ejecutado ‒incluyendo contratos complementarios, convenios con CNEL y un contrato adicional‒ asciende a 41’876.107,68 dólares.
En este caso también está procesada Alexandra Arce, exalcaldesa y presidenta del Directorio Empapad EP de Durán.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena de diez a trece años de prisión para los servidores públicos y personas que, en virtud de su autoridad, se apropien, abusen, distraigan o dispongan de bienes o fondos públicos en beneficio propio o de terceros.
