La inseguridad en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes. El narcotráfico, la delincuencia organizada y el aumento de crímenes violentos han dejado al país en una situación crítica. Frente a este panorama, algunos sectores argumentan que la presencia de bases extranjeras, especialmente de Estados Unidos, podría fortalecer la capacidad operativa del Estado ecuatoriano para combatir estas amenazas transnacionales. Ejemplos como la base de Manta (operativa hasta 2009) son utilizados como referencia, destacando su papel en la interdicción de drogas.
Sin embargo, es importante analizar si la seguridad puede garantizarse únicamente a través de apoyo externo. Las soluciones sostenibles requieren fortalecer las instituciones nacionales, especialmente la policía y las fuerzas armadas, así como mejorar la coordinación regional con países vecinos. Delegar la seguridad a una potencia extranjera podría ser visto como un atajo que compromete la autonomía del Estado a largo plazo.
La soberanía es uno de los pilares fundamentales de cualquier nación. Permitir bases extranjeras en territorio ecuatoriano plantea interrogantes sobre quién toma las decisiones estratégicas en áreas críticas. Históricamente, la presencia de bases extranjeras ha generado tensiones entre gobiernos y movimientos sociales, que perciben estas instalaciones como símbolos de injerencia y dependencia.
Ecuador, con su historia de luchas soberanas y su posición geopolítica clave en América Latina, debe considerar si la instalación de bases extranjeras podría socavar su capacidad para tomar decisiones autónomas en materia de política exterior y defensa. Además, es esencial reflexionar sobre los intereses que motivan a las potencias extranjeras a mantener presencia militar en la región, muchas veces ligados a agendas económicas y políticas propias.
Desde una perspectiva económica, la llegada de bases extranjeras podría representar inversión en infraestructura, generación de empleo local y transferencia de tecnología militar. No obstante, estas ventajas económicas deben contrastarse con los posibles costos sociales, como el impacto en comunidades locales o el aumento de tensiones políticas internas.
Adicionalmente, el país podría quedar atrapado en una dinámica de dependencia, donde el gasto público en seguridad y defensa se ajuste a las prioridades de la potencia extranjera en lugar de a las necesidades locales.
Si bien la situación actual del país podría hacer atractivo este camino, las implicaciones a largo plazo sobre la soberanía y el control estratégico no pueden ser ignoradas. En lugar de ceder territorio para bases extranjeras, el país debería apostar por fortalecer su institucionalidad, buscar cooperación respetuosa y fomentar soluciones regionales.
