Cada diciembre, el mundo se detiene a recapacitar sobre un suceso que carcome las bases de la sociedad: la corrupción. Instituido por las Naciones Unidas en 2003, esta reflexión tiene un propósito claro: concienciar sobre el impacto devastador de la corrupción y promover esfuerzos colectivos para combatirla. En el contexto nuestro, esta fecha adquiere una relevancia particular, dado que la corrupción ha sido un obstáculo histórico para el desarrollo sostenible, la equidad y la confianza en las instituciones.
La corrupción no solo es un problema ético, sino también un lastre económico y social. Según datos recientes, el Ecuador pierde millones de dólares anualmente debido a prácticas corruptas en diversas áreas de la administración pública y el sector privado. Estos recursos mal utilizados podrían invertirse en salud, educación, infraestructura y programas sociales que beneficien a la población más vulnerable. Sin embargo, la corrupción no solo afecta al erario público; mina la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en la capacidad del Estado para garantizar justicia e igualdad.
Combatir la corrupción no es únicamente una tarea de los gobiernos; es un desafío colectivo que requiere el compromiso activo de todos los sectores de la sociedad. La ciudadanía tiene un papel importante en exigir transparencia, rendición de cuentas y en denunciar irregularidades. En este sentido, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil son aliados estratégicos para revelar casos de corrupción y presionar por reformas estructurales.
En nuestro país, las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción han sido cuestionadas por su falta de independencia y efectividad. Para avanzar como sociedad, es imperativo fortalecer estos organismos, dotándolos de recursos, autonomía y herramientas tecnológicas que les permitan investigar y sancionar de manera eficiente. Además, la educación juega un papel clave: es fundamental inculcar desde temprana edad valores como la honestidad, la ética y el respeto por los bienes públicos. Es una oportunidad para que los ecuatorianos reflexionemos sobre nuestro papel en esta lucha. Es momento de demandar políticas públicas más claras, elecciones limpias y una justicia verdaderamente imparcial.
Para avanzar como sociedad, el Ecuador necesita erradicar la normalización de la corrupción y reconocer que este mal no solo perjudica a las instituciones, sino que perpetúa la desigualdad y el subdesarrollo. Solo trabajando juntos, desde el ciudadano común hasta las más altas esferas del poder, lograremos construir un país más justo, transparente y digno para las futuras generaciones.
