Ecuador vive una crisis energética que afecta a toda la nación y que ha encendido alarmas especialmente en el sector empresarial. Las empresas dependen de la electricidad para mantener sus operaciones, desde fábricas y oficinas hasta centros logísticos y servicios. La inestabilidad en el suministro eléctrico no solo paraliza la producción, sino que encarece los costos operativos, comprometiendo la competitividad y viabilidad de las empresas en un contexto económico que ya era difícil. Sin embargo, la respuesta gubernamental a esta situación parece reducirse a un enfoque eminentemente político, sin atender a soluciones concretas que verdaderamente enfrenten la crisis energética desde su raíz técnica y estructural.
Los apagones interrumpen la cadena de valor, incrementan los costos logísticos, afectan la conservación de productos perecibles, disminuyen la productividad y generan pérdidas que, en un contexto acumulado, desincentivan la inversión en el país. Empresas de todos los sectores —pequeñas y grandes, nacionales y extranjeras— están comenzando a contemplar la posibilidad de reducir operaciones o incluso de trasladarse a otros países. Esta es una realidad alarmante en un Ecuador que necesita generar empleo y que enfrenta el desafío de recuperar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, la preocupación empresarial contrasta con la retórica política que domina el discurso oficial.
El gobierno ha respondido a los apagones con discursos que priorizan la narrativa política sobre la crisis, argumentando que el problema se origina en administraciones pasadas y recae en las decisiones de décadas anteriores. Este tipo de respuestas pueden resonar en el ámbito político y ayudar a ganar tiempo frente a la presión social, pero dejan de lado una planificación energética a largo plazo y el necesario desarrollo de infraestructura que pueda ofrecer soluciones sostenibles. La búsqueda de culpables históricos desvía la atención de la urgente necesidad de un plan técnico que involucre medidas inmediatas, como la optimización de recursos actuales y la negociación de convenios energéticos, y la implementación de políticas sostenibles que garanticen la estabilidad del suministro eléctrico a mediano y largo plazo.
El sector empresarial exige medidas concretas: incentivos para la inversión en energía renovable, desarrollo de plantas de generación de energía local y políticas fiscales que apoyen a las empresas afectadas por el incremento de los costos de operación. No obstante, sin una orientación hacia soluciones prácticas, la crisis energética amenaza con convertirse en un obstáculo insuperable para el desarrollo económico del Ecuador.
Si el gobierno no modifica su enfoque y se compromete con acciones estratégicas, el costo de estos apagones se extenderá más allá de las empresas afectadas, golpeando de lleno al empleo, el crecimiento económico y la calidad de vida de los ecuatorianos.
