En Ecuador, el acceso a los servicios públicos es un derecho fundamental de la ciudadanía, pero la realidad nos enfrenta con un sistema que, en muchos casos, sigue siendo ineficiente y burocrático. Desde la simple renovación de un documento hasta la gestión de trámites en salud, educación o justicia, los ecuatorianos suelen encontrarse con largas filas, respuestas evasivas y una atención poco cordial. La pregunta es inevitable: ¿por qué el servicio público, financiado por los propios ciudadanos a través de impuestos, no responde con la eficiencia y el respeto que se espera?
La administración pública tiene la responsabilidad de gestionar recursos de manera óptima y garantizar un servicio eficaz. Sin embargo, la percepción generalizada en Ecuador es que muchas instituciones operan con retrasos, trámites engorrosos y una cultura de atención al usuario deficiente. Esto no solo afecta la experiencia de los ciudadanos, sino que también debilita la confianza en el Estado y fomenta prácticas irregulares como la corrupción.
Por otro lado, la cordialidad es un aspecto que va más allá del simple “buenos días” al atender a un usuario. Se trata de una actitud de respeto, empatía y vocación de servicio. En muchos casos, quienes acuden a una entidad pública lo hacen en situaciones de estrés o necesidad, por lo que una respuesta adecuada y un trato humano pueden marcar la diferencia.
Uno de los principales obstáculos para la eficiencia en los servicios públicos ecuatorianos es la burocracia excesiva. Procesos que podrían resolverse en minutos pueden tardar días, semanas o incluso meses debido a la falta de digitalización, la mala organización o la falta de capacitación del personal.
Además, el uso limitado de la tecnología sigue siendo un problema. Aunque en los últimos años se han dado avances en la implementación de plataformas digitales, aún queda mucho por hacer en términos de interoperabilidad entre instituciones, automatización de trámites y reducción de papeleo innecesario.
Por otro lado, la corrupción y el “pago bajo la mesa” muchas veces encuentran terreno fértil en la ineficiencia del sistema. Cuando un ciudadano se ve obligado a esperar meses por un trámite que podría resolverse en días, es más probable que recurra a medios informales para agilizarlo.
Un Estado moderno y funcional debe priorizar la calidad en sus servicios públicos. La eficiencia y la cordialidad no son un lujo, sino una necesidad para garantizar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.