Una nueva acción legal se interpuso en torno a la vía que une la provincia de El Oro con Guayas. La concesionaria Consur R7H, quien estaba a cargo del proyecto Río Siete-Huaquillas de 95 kilómetros, bajo la figura de Alianza Público-Privada, presentó una acción de protección para invalidar la intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), llevada a cabo el pasado 28 de marzo de 2025. El recurso fue ingresado el 14 de abril en la Unidad Judicial Especializada de Tránsito de Quito.
La demanda fue asignada a la juez Andrea Elizabeth Cabrera Arias, quien ahora deberá analizar si se vulneraron o no los derechos constitucionales de la empresa. Mientras tanto, la obra sigue detenida, generando malestar entre los ciudadanos que esperan una solución real al estado crítico de la carretera.
La intervención fue anunciada semanas atrás por el ministro Roberto Luque desde Machala. “Esto no puede seguir así”, sentenció el funcionario, prometiendo que todos los recursos necesarios se destinarían para culminar la tan esperada obra. Sin embargo, casi un mes después, la maquinaria sigue sin avanzar.
Además del anuncio de intervención, el MTOP suspendió el cobro de peajes en los sectores de El Garrido y La Avanzada, justo antes de la segunda vuelta electoral. Durante una semana, se llevó a cabo una auditoría al sistema de peajes, la cual finalizó este 16 de abril con la reactivación del cobro.
Algunos conductores celebraron el alivio temporal, mientras otros cuestionaron la transparencia del proceso. Para Consur R7H, la medida fue más allá de lo técnico y afectó derechos fundamentales como el debido proceso y la seguridad jurídica, resa el documento presentado ante el órgano de justicia.
El consorcio afirma que el nombramiento del interventor, hecha por resolución ministerial, fue una acción arbitraria. Por ello, solicitan que esta resolución sea anulada, dejando sin efecto toda la intervención del Gobierno Nacional.
El conflicto evidencia el pulso entre el interés público y el poder contractual de las concesionarias privadas. Mientras los ciudadanos reclaman obras terminadas, las empresas exigen respeto a los contratos firmados con el Estado.
