En un operativo liderado por la Policía Nacional a través del Grupo FIAC El Oro, se logró la aprehensión de dos individuos por la posesión ilegal de armas de fuego.

Esta acción se llevó a cabo el 12 de enero de 2025 en el sector Machala Libre, como parte de las establecidas bajo el estado medidas de excepción decretadas en la provincia de El Oro.

Las investigaciones preliminares, basadas en entrevistas y trabajos de inteligencia, permitieron identificar un inmueble que era utilizado para almacenar armamento. Durante el allanamiento, los agentes hallaron dos pistolas de marcas reconocidas, municiones de distintos calibres, radios de comunicación, teléfonos móviles y una considerable suma de dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Héctor Gregorio BM, de 35 años, con antecedentes por estafa en 2021, y Antonio Fernando FV, de 26 años, quien registra procesos previos por asesinato en 2018 y tenencia de armas en 2014. Ambos ciudadanos ecuatorianos se encuentran bajo custodia mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Entre los elementos decomisados se detallan 25 cartuchos de calibre 9 mm, dos pistolas con sus alimentadoras, cinco radios portátiles, cinco celulares y 1,250 dólares en efectivo. Estos artículos fueron ingresados como evidencia para fortalecer el caso.

Las autoridades señalaron que este operativo es parte de la estrategia “Cero Impunidad”, enfocada en reducir los índices de violencia y garantizar la seguridad en la región. La incautación de estas armas y equipos evidencia los esfuerzos constantes para combatir el crimen organizado.

El estado de excepción, amparado en el Decreto Ejecutivo N.° 493, permite a las fuerzas del orden actuar con mayor contundencia en zonas identificadas como conflictivas, siendo este caso un claro ejemplo de las acciones coordinadas para desarticular redes delictivas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con otras instituciones del Estado para proteger a la ciudadanía y restablecer el orden público en las áreas más afectadas por la inseguridad.

Se espera que los detenidos enfrenten procesos legales con base en las pruebas recolectadas, mientras las investigaciones continúan para determinar si están vinculadas con otras actividades ilícitas en la provincia.

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