Este opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina, se ha infiltrado en el país, generando una creciente preocupación entre la población debido a su alto potencial adictivo y letal. A pesar de las alertas internacionales y los casos de sobredosis en aumento, la respuesta de las autoridades ecuatorianas ha sido, en el mejor de los casos, tímida, y en el peor, ineficaz.
Aunque el tráfico de drogas ha sido una realidad en Ecuador por décadas, el fentanilo representa una nueva amenaza que trasciende el ámbito de las drogas tradicionales. Inicialmente asociado con la crisis de opioides en Estados Unidos, este compuesto químico ha comenzado a hacer su aparición en América Latina, y Ecuador, debido a su ubicación estratégica como corredor para el narcotráfico, se encuentra vulnerable a su distribución.
Uno de los factores más alarmantes es la falta de conciencia generalizada sobre los peligros del fentanilo. Mientras en países como Estados Unidos y Canadá se han implementado campañas de información masiva y políticas públicas para mitigar el impacto de esta droga, en Ecuador el tema apenas comienza a captar la atención. El desconocimiento sobre su potencia y los riesgos asociados a su consumo accidental, especialmente cuando es mezclado con otras sustancias, está creando una bomba de tiempo entre la juventud y las comunidades más vulnerables.
A pesar de las señales de alerta, la respuesta del gobierno ecuatoriano ha sido insuficiente. El Ministerio de Salud y las fuerzas de seguridad han demostrado falta de coordinación en la creación de estrategias preventivas y en la lucha contra el tráfico y consumo de fentanilo. Mientras en otros países se han reforzado los controles en aduanas, fronteras y laboratorios clandestinos, Ecuador sigue presentando fisuras en sus políticas de control de sustancias químicas. El fentanilo, al ser fácil de transportar en pequeñas cantidades y de alta rentabilidad para los narcotraficantes, se ha vuelto extremadamente difícil de rastrear bajo las metodologías actuales.
Además, las autoridades parecen subestimar la magnitud del problema, probablemente porque los casos de muertes relacionadas aún no alcanzan cifras alarmantes. Sin embargo, esperar a que esto ocurra para actuar sería un error catastrófico. La lección aprendida en otros países ha sido clara: el fentanilo no da margen de maniobra, y cuando golpea con fuerza, el sistema de salud y de seguridad colapsan rápidamente.
En redes sociales y medios de comunicación han comenzado a circular testimonios de cómo el fentanilo está siendo mezclado con otras sustancias, como la cocaína, lo que aumenta el riesgo de sobredosis involuntarias. Este panorama sombrío ha encendido las alarmas en un país que ya enfrenta altos niveles de inseguridad y violencia derivada del narcotráfico.
Las demandas ciudadanas están dirigidas, sobre todo, hacia la implementación de programas de prevención, campañas de sensibilización y un mayor control en la distribución de medicamentos con fentanilo. Aunque el uso de esta sustancia tiene fines médicos legítimos, su desvío hacia el mercado negro es una amenaza constante.
Si Ecuador no toma acciones contundentes, podría enfrentarse a una crisis de salud pública sin precedentes, similar a la que ha devastado a otros países. Es hora de que el gobierno y la sociedad actúen con rapidez y determinación antes de que sea demasiado tarde.
